Expedientes policiales y centralización napoleónica

La Pieza del Mes del AHN, que está muy bien como iniciativa y en este caso como pieza concreta, nos ofrece el expediente policial del Deportivo Alavés, documento que seguramente motiva más consultas procedentes de Canarias, Andalucía, Galicia o la Cochinchina que del propio País Vasco, de ahí que se haya centralizado en Madrid para comodidad de todos los investigadores del mundo (mundial)... ¿O no fueron esos los motivos? Este expediente fue producido, tal y como señala resulta en lo manifestado por la autora del estupendo comentario, por la Delegación de Orden Público de Vitoria. Y digo yo... ¿qué pinta ese expediente policial vitoriano en Madrid?

En fin, una tomadura de pelo, que persiste, en donde el Ministerio del Interior se pasó por salva sea la parte y desde 1986 en que realizó las primeras transferencias, el D. 914/1969 de creación del AGA, pues según es sabido, estos documentos policiales producidos por los "servicios provinciales de la Administración Central", de acuerdo con el art. 5 del mismo decreto, le corresponderían a los AHP y asimilados... pero seguramente los vulgares provincianos no serían capaces de trabajarlos con la misma pericia, o tal vez en los AHP están dados a la molicie y tampoco podrían ponerlos a disposición de los investigadores... En fin, mentalidad romana.

Lo cierto es que estos expedientes, que se dicen de la Dirección General de Seguridad, se encontraban en las jefaturas superiores de Policía de toda España. Como paso previo a su centralización (napoleónica) en el AHN, se trasladaron con todo sigilo a Madrid, y como quien hace el envío al AHN es la Dirección General de la Policía, se buscan curiosos orígenes: en versión oficial, se trata de expedientes de la desaparecida Dirección General de Seguridad... Lo cual, en el caso del expediente del Deportivo Alavés, equivale a creer que el documento, contra lo que resulta del mismo, no fue producido y acumulado por la Delegación de Orden Público de Vitoria, es decir, por uno de "los servicios provinciales de la Administración Central" (a.5, 914/1969), sino por la meramente mismita :-) Dirección General de Seguridad, en Madrid. Pues no.

En fin, juegos de palabras o falacias retóricas con las que se podría dar a entender a algún despistao que los expedientes policiales del AHN no fueron producidos y acumulados en provincias, sino en Madrid, cosa que como decía, no es cierta salvo los casos de expedientes correspondientes a la capital. Es decir, la versión oficial -que no es de ahora- me parece una tomadura de pelo como tantas otras que obliga a la mayor parte de los usuarios potenciales a realizar desplazamientos, ocasionándoles gastos y molestias. Y claro, no me gusta (y no soy el único como veremos), me parece poco serio, o si quieres, un pitorreo... pero vete tú a reclamar que cumplan con lo dispuesto en el 914/1969, que se les ponen los pelos como escarpias, te invocan rápidamente a Sta. Rita, alguno incluso dirá que se rompe la unidad de España, yo que sé...

Para concluir mi rollito de hoy, os dejo parte de un artículo publicado el 5 de enero febrero de 2005 en La Voz de Galicia por el historiador del Franquismo, Carlos Fernández Santander, en donde cuenta cómo se trasladó a Madrid el archivo de la Jefatura Superior de Policía de Galicia.

El archivo policial gallego de la Guerra Civil fue trasladado a Madrid en los 90

En plena polémica sobre el archivo de Salamanca, las personas que quieran investigar la actuación policial durante la República, Guerra Civil y Franquismo en Galicia sólo tiene una solución: irse a Madrid y visitar el Archivo Histórico Nacional de la calle Serrano. Allí se trasladó, en el mayor silencio, todo el archivo de esa época almacenado en la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Por lo que se sabe, o se intuye, aquí no quedó copia.

El traslado ocurrió en la década de los 90 y el encargado de la recepción y ordenamiento de los documentos fue el inspector Del Río, hijo de un oficial de la Guardia Civil destinado en Galicia durante la guerra del 36.

Destaca en esta documentación gallega la relativa a destacados políticos de la época, como Manuel Iglesias Corral, Manuel Portela Valladares, Santiago Casares Quiroga, Leandro Pita Romero, Gerardo Abad Conde, Gerardo Salvador Merino, Diego Salas Pombo, Emilio González López, Santiago Álvarez; militares como Rogelio Caridad Pita, Juan Barja de Quiroga, Enrique Salcedo, Rolando Tella, Antonio Aranda, Mohamed Ben Mizzian; sindicalistas, como José Villaverde, Manuel Fernández, Ramón Maseda, Francisco Mazariegos, Rafael Pillado; guerrilleros, como Manuel Ponte, Foucellas , Manuel Bello, y Gómez Gayoso; personajes singulares, como Esther Casares (especialmente del seguimiento policial que se le hizo durante los 19 días [años] que fue retenida en A Coruña, acusada del único delito de ser hija de su padre, Casares Quiroga); intelectuales, como Rafael Dieste, Ramón Piñeiro, Ramón Otero Pedrayo, Isaac Díaz Pardo, Méndez Ferrín o Paz Andrade.

Antes de ser remitidos a Madrid, se sospecha que hubo esquilma previa, e incluso filtraciones de algún funcionario de la Jefatura a medios de comunicación, tal y como sucedió con la instancia presentada, en 1938, por Camilo J. Cela en la jefatura policial coruñesa ofreciéndose como delator para cuando se conquistase Madrid, y que fue publicada, a finales de los 70, por la revista ultra Fuerza Nueva .