domingo, 28 de marzo de 2010

Los papeles del Botas


Los medios de comunicación nos ofrecen noticias sobre los papeles del que fuera primer presidente de la II República, Niceto Alcalá-Zamora, incautados hace ya cosa de dos años por la Guardia Civil con gran aparato mediático, papeles que reclamaban los herederos del político, sin ningún éxito que se sepa. Ahora sale el MCU, que también quiere una fracción de ese fondo.

Por una parte, El País, con el "compromiso" y brío que le caracteriza para todo lo que sea dar jabón al PSOE titula:


Titular triunfalista y engañoso, porque en el cuerpo de la noticia aclaran que el MCU "considera que varios deben estar custodiados en archivos estatales". Que no es lo mismo (ni parecido).

Por su parte ABC, en una información algo más ajustada y entiendo que creíble, titula también:


Me parece que esto es otra cosa. Hace muy bien en reclamarlos basándose en que esa parte de los documentos son públicos... pero mucho me temo que tan públicos como los del archivo del general Yagüe, que a nadie se le ha ocurrido que puedan ser incautados (como no sea en declaraciones de cara a la galería). Y aquí me pregunto ¿qué primaría? ¿la unidad del fondo, o devolver los documentos públicos a aquellos fondos en los que se produjo la primera acumulación? Me inclino por esto último, pero... ¿qué acciones llevó a cabo el Estado para que se le devolviesen, porque mucho me temo que eso es lo que va a tener en cuenta un juez a la hora de valorar si se produjo una desafectación tácita de esos documentos públicos.

Como supongo que el Estado no echaría de menos esos documentos poniendo la correspondiente denuncia, me parece que el poseedor, tenedor o como se denomine al ciudadano que quiso vender los documentos a César Vidal, los va a poder conservar.

La Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, vamos, que las leyes no pueden tener efectos retroactivos si perjudican, y aquí habría un perjudicado, que heredó unos documentos que están en manos de su familia desde hace cosa de 70 años. Muchos más que los diez años que exige el Código Civil para que prescriba el dominio de un bien mueble.

Por otra parte, desde el año 1985 tenemos una LPHE que nos dice que los bienes muebles que forman parte del PHE son imprescriptibles, que en ningún caso se les aplicará lo dispuesto en el art. 1955 del Código Civil. Como quiera que la LPHE no puede tener efectos retroactivos para el caso, y cuando se produjo el hurto de los documentos públicos estaba vigente la Ley de Patrimonio Artístico Nacional, de 13 de mayo de 1933, aprobada para mayor curiosidad siendo presidente de la II República el mismísimo Alcalá-Zamora, en la que no se hace ningún tipo de reserva como la contemplada en la LPHE, o mucho me equivoco, o esos papeles pasarán a manos del empresario que los quiso vender a César Vidal.

Dejo para el final un comentario que aparece en el ABC de un tal Luis Martínez, que no sé si es el mismo en que pensaría cualquiera, o es otro Luis Martínez:

La documentación que componen las memorias manuscritas de Alcala Zamora fue comprada en 1940 en una libreria de lance en Valencia. Y lo fue por dos personas que se dividieron los papeles para protegerlos de su destrucción. Los que han aparecido solo son la mitad de ellos.




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